El proceso de "diálogo" con la ANECA no ha sido nunca una negociación formalmente aceptada por ambas partes, con un protocolo de trabajo. Más bien, se ha producido un proceso de "llamadas a conversar" con premura excesiva y apenas sin tiempo de reflexión y análisis profundo de los documentos de trabajo que nos han sido remitidos. Hemos acudido para escuchar, hemos dialogado, pero siempre con la expectativa de establecer un marco pactado de negociación que no se ha producido. Por tanto, es difícil para esta organización sindical comprometerse a apoyar cualquier documento que se nos remita sin el establecimiento de un marco de negociación adecuado. Consideramos que CCOO, como sindicato mayoritario en el sector, y el resto de organizaciones representativas se merecen que se respete su derecho a la negociación colectiva. En este sentido, los criterios de acreditación, que determinan de manera crucial las condiciones de trabajo del PDI universitario, deberían ser objeto de una verdadera negociación.

La ANECA ha incumplido todos los plazos y fechas que había programado. De hecho, desde el mes de junio de 2017, sólo se ha celebrado una única reunión de cada una de las cinco comisiones creadas para revisar el modelo de acreditación. Representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias (CCOO, UGT, CSI-F y CIGA) y delegados de la CRUE se reunieron entre los días 6 de septiembre y 10 octubre. En todas las comisiones el plazo de remisión de documentación fue inferior a quince días, con lo que para los sindicatos fue muy complicado estudiar los documentos, debatirlos y hacer propuestas de modificaciones. En las reuniones de las últimas comisiones, la ANECA informó de que se publicarían los criterios a finales de octubre, compromiso una vez más incumplido.

CCOO no puede ser cómplice, en ningún caso, de la aprobación de los documentos propuestos por la ANECA porque entiende que serán causa de desigualdad y de frustración entre el profesorado universitario. Los criterios que hemos leído en este documento no sólo bloquean las aspiraciones legítimas de crecimiento y promoción de los profesores universitarios con trayectoria académica y de los profesores que están en el inicio de su carrera docente e investigadora, sino que pueden desincentivar a profesores de buen nivel académico y de intenso compromiso con la Universidad. El propósito de un cambio como este debería estar orientado al interés general con objeto de generar oportunidades asequibles para una mayoría.

CCOO no entiende la brusca ruptura del diálogo por poner en marcha este nuevo modelo de evaluación de méritos para la acreditación del profesorado, que en la práctica está implicando casi dos años de paralización del proceso de acreditación. ANECA no ha justificado el motivo de este cambio de criterios; se deberían hacer públicos los informes en los que se han apoyado las comisiones para la elaboración del RD 415/L2015 de acreditaciones del profesorado universitario. Se desconocen asimismo los análisis previos, las simulaciones y las estadísticas que pudieran avalar y justificar este cambio de criterios.

La reducción de la acreditación a áreas de conocimiento tradicionales dificulta la adecuación del profesorado acreditado a según tipos de plaza que, teniendo docencia tradicionalmente asociadas a sus áreas, imparten docencia en puestos pertenecientes a centros y grados de ámbitos de conocimiento distintos. No contemplar el rol esencial que tienen las áreas de conocimiento que prestan sus servicios en ámbitos distintos al suyo como una excepción que merece un tratamiento separado sólo puede originar conflictos innecesarios y empobrecedores.

La existencia de acreditaciones con calificación adicional (A, B, C…) genera, a corto plazo, una jerarquía entre los acreditados en base a esa misma clasificación que puede degenerar en una distinción entre "excelencia" y "mediocridad" y una categorización que puede afectar a las Ofertas de Empleo Público, priorizando unos sobre otros (al menos mientras existan las tasas de reposición) y, a medio plazo, establecer en escalafón interno en la Universidad española no legislado ni regulado para las figuras de titular de Universidad y catedrático de Universidad.

Por este motivo, pedimos la derogación del RD 415/2015 de acreditaciones del profesorado universitario, la continuidad del sistema vigente desde 2007 hasta 2015 de manera transitoria y la negociación de un nuevo sistema de acreditación. Los argumentos que nos llevan a esta decisión son muy numerosos, pero pueden resumirse en las claves siguientes:

1. La ruptura repentina y precipitada del anterior modelo, basado en el concepto de sexenio de investigación, deja fuera de juego a muchos de los científicos activos del sistema. Los sexenios de investigación, elemento fundamental en la anterior evaluación, quedan minimizados en el nuevo modelo, lo que supone un endurecimiento de los criterios propuestos respecto a la evaluación de la actividad investigadora. En algunas comunidades autónomas, los profesores contratados doctores tienen derecho a ser evaluados por la CNEAI y disponen de certificaciones que debieran aparecer como méritos.

2. Las disparidades y desigualdades que se dan a lo largo de todo el documento, que quedan patentes cuando se analizan paralelamente los criterios de las distintas comisiones que integran las áreas de conocimiento, desdibujan el valor real de los méritos contemplados. Al hacer un análisis separado, con una comisión para cada uno de los bloques de grandes áreas, observamos variaciones significativas en cifras (por ejemplo, de producción científica) o en la tipología de la producción evaluable en las áreas contempladas en cada bloque. Estas disparidades son aún más notables entre los grandes bloques de áreas, lo que desdibuja aún más el conjunto.

3. Criticamos la discrecionalidad y la imprecisión en la valoración de numerosos méritos que no dependen directamente del trabajo y de las decisiones de los profesores y por lo tanto no debieran tener el rango de mérito. A modo de ejemplo, algunas de las actividades docentes (dirección de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, participación en posgrados profesionales, etc.) resultan imposibles para docentes cuya actividad se desarrolla eminentemente en centros con grados y posgrados "profesionalizantes", en los que no pueden participar por no pertenecer al tronco profesional (vgr. profesorado de Matemáticas o Informática en Escuelas de Ingenieros, profesorado de Química o Biología en Facultades de Medicina, etc.).

4. Los criterios no son realistas: número muy elevado de publicaciones en revistas de impacto del primer y segundo cuartil; autorías preferentes (cuando en áreas como la de ciencias de la salud o en alguna de ciencias los artículos suelen estar vinculados a proyectos y ser de autoría múltiple). En relación con la acreditación a TU este hecho es todavía más evidente porque no es factible que un profesor no permanente o contratado doctor pueda haber sido IP en dos proyectos competitivos.

5. No se contempla la interdisciplinaridad de las actividades del profesorado (especialmente en investigación), generando situaciones de difícil clasificación de muchas de las actividades de investigación netamente interdisciplinares en las áreas de conocimiento establecidas.

6. El sistema que se nos presenta a valoración no permite la cuantificación ni la autoevaluación, como el establecimiento de porcentajes en méritos obligatorios. La pluralidad de niveles de "excelencia" o mejor de "excepcionalidad" A, B, C, etc. no hace sino generar confusión y desorientación acerca de la evaluación a la que el profesor va a someter su currículum. Más aún, el concepto de "excelencia" propuesto se confunde con el de "hiperproductividad", lo que no suele ser equivalente.

7. La velocidad en la producción de los méritos, con criterios que soportan frases subordinadas del tipo "… en los últimos diez años" y que no atienden a la especificidad del ritmo de la producción científica de las muchas áreas de conocimiento englobadas en cada gran área.

8. Desde CCOO también creemos que el documento sobre la Acreditación en base a Actividades de Gestión que se ha presentado es absolutamente desproporcionado, injusto, inconsistente, desequilibrado y falsea todo el proceso de acreditación a cuerpos docentes universitarios, rayando en un ridículo espantoso. Todos estos adjetivos se aplicarían incluso dentro de los mismos parámetros que establece el absurdo Decreto 415/2015 del "depuesto" exministro Wert y que regula la "nueva" acreditación. No es admisible, por ninguno de los sectores imaginables, que la estancia en determinados cargos académicos designados pueda merecer un adjetivo de "excelencia" (una A) en investigación, compensando una actividad científica que el propio sistema califica como mediocre o insuficiente. Y todo esto mientras cuatro sexenios de valoración positiva de la investigación por la CNEAI (dentro de la propia ANECA) carecen absolutamente de valor para obtener la acreditación. Proponemos la eliminación de la estanqueidad que existe entre categorías de méritos, de modo que cuando no se supera el umbral mínimo exigido en una clase, se permita compensar con méritos de otra.

9. Un sistema de evaluación de méritos con carácter retroactivo combinando criterios anteriores y nuevos podría hacer menos drástico el cambio de procedimiento.

Por todo esto, desde CCOO reclamamos un verdadero proceso negociador, rechazamos las formas de proceder de los responsables del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la ANECA y defendemos un procedimiento de acreditación transparente, autoevaluable, y que valore, sin arbitrariedades, los méritos académicos de unos profesionales universitarios que están realizando un trabajo encomiable en una situación cada vez más difícil.