Federación de Enseñanza de CCOO | 19 abril 2024.

Ofensiva conservadora e integrista

Los acuerdos firmados entre PP, Ciudadanos y Vox suponen un ataque contra el derecho a la educación y la escuela pública

    El nuevo gobierno de la derecha en Andalucía iniciará su andadura con un acuerdo en el sector educativo que supondrá el comienzo de una batalla ideológica contra la escuela pública y el derecho a la educación.

    18/01/2019.
    Imagen de la sede de gobierno de la Junta de Andalucía

    Imagen de la sede de gobierno de la Junta de Andalucía

    El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, que ha dado a la derecha el gobierno de Andalucía, abre una batalla ideológica en el campo de la educación sustentada en falsos valores que priorizan la competitividad frente a la cooperación, el esfuerzo individual ante la solidaridad, el servicio educativo a cargo del bolsillo familiar frente al derecho a la educación, los valores propios de la religión católica entendida de la manera más conservadora e integrista frente a los valores ético-cívicos, la exclusión y segregación ante la inclusión, y la libertad de elección de centro frente a la libertad de enseñanza. En su conjunto, estos supuestos valores explican buena parte de los problemas de convivencia y de acoso que se producen en los centros educativos.

    El acuerdo puede suponer un aumento sustancial de la desigualdad entre el alumnado; un parón de las políticas socioeducativas y de la equidad; un recorte importante en las inversiones educativas para la escuela, y un retroceso en las condiciones laborales y en los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

    Ante una futura situación de inestabilidad y riesgo de la educación pública, CCOO defenderá, desde la movilización si fuera necesario, la educación como un derecho universal fundamental que contribuye a cohesionar a las personas y a las comunidades a través de la igualdad, la cooperación y la solidaridad; y a la escuela pública e inclusiva como eje vertebrador del sistema educativo y garantía de una educación en igualdad, que entiende la diversidad como un valor para el aprendizaje y la cooperación, y que, desde el laicismo, respeta la libertad de creencias o no creencias, y educa sin dogmas como el de las religiones, especialmente la católica.

    CCOO entiende como una etapa educativa la comprendida entre los 0 y los 3 años, cuya oferta debe ser pública y gratuita, y no asistencial y privada como supone el modelo que plantea el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. Por otro lado, diversos estudios han demostrado que el distrito único de escolarización supone un elemento de desigualdad y segregación entre el alumnado; un claro ejemplo es el de la Comunidad de Madrid. Además, la derecha andaluza quiere abanderar, por delante de la madrileña, la libertad de elección de centro, priorizándola ante el derecho a la educación. Asimismo, CCOO se opondrá decididamente a la financiación con dinero público de niveles educativos no obligatorios.

    CCOO vigilará el cumplimiento de la reforma del Real Decreto-ley 14/2012 y demandará la inversión necesaria en plantillas, así como en nuevos perfiles profesionales hoy imprescindibles en el sistema educativo para mejorar su calidad, manteniendo en Andalucía un máximo de 18 períodos lectivos semanales para el profesorado de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el profesorado Técnico de Formación Profesional y de Régimen Especial; y un máximo de 23 períodos lectivos por semana para los maestros y las maestras de Educación Infantil y de Primaria. CCOO exigirá que cualquier tema relacionado con los derechos sociales y laborales de los y las trabajadoras sea objeto de la negociación colectiva, y pedirá la mejora de la inversión pública en la formación permanente del profesorado y del personal de administración y servicios, fundamental si queremos construir entornos de aprendizajes eficientes. Por último, demandará al nuevo gobierno andaluz la aplicación de los acuerdos estatales, cuyo objetivo es situar por debajo del 8% la precariedad laboral que supone la interinidad para muchos trabajadores y trabajadoras.

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