Federación de Enseñanza de CCOO | 18 junio 2026.

CCOO no solo denuncia: actúa

El Gobierno recoge el guante del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2026 Universitaria para Andalucía (LUPA) presentado por CCOO

  • Previamente, CCOO solicitó al Defensor del Pueblo la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la LUPA.

19/05/2026.
CCOO no se limita a protestar: actúa en todos los frentes disponibles

CCOO no se limita a protestar: actúa en todos los frentes disponibles

CCOO, tras la valoración jurídica de la norma, se ha dirigido al Defensor del Pueblo solicitando la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2026, de 6 de marzo, Universitaria para Andalucía (LUPA), publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Esta norma, que viene a sustituir al Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, se ha tramitado por la vía de urgencia y aprobado en solitario por el PP, contando solo con los informes del gabinete jurídico y del Consejo Consultivo de Andalucía. El Gobierno andaluz no ha solicitado en su tramitación el dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía, lo que evidencia la falta de voluntad del Gobierno autonómico de contar con la comunidad universitaria y renunciando a un consenso social real.

La LUPA es la primera ley autonómica aprobada tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario español (LOSU), por lo que la forma en que se refleja en su texto el nuevo marco normativo resulta reveladora de cómo las comunidades autónomas entienden lo que debe ser el servicio público universitario. En este contexto, y tras la valoración del nuevo texto legal, CCOO entiende que la nueva regulación puede incurrir en vulneración de los artículos 27 y 149 de la Constitución Española, toda vez que considera que se podrían estar lesionando los principios constitucionales de la autonomía universitaria en sus dimensiones de capacidad de las universidades de autogobierno y autorregulación, para establecer una línea docente e investigadora propia y de autonomía económica y financiera. Además, consideramos que invade competencias reservadas al Estado y desarrolladas mediante una ley orgánica (LOSU), como es la de la creación de figuras docentes e investigadoras, o la del profesor ayudante, suprimida por la normativa estatal.

La realidad es que estamos ante una norma que no contiene un compromiso financiero que garantice la sostenibilidad del sistema universitario público, lo que amenaza la viabilidad y estabilidad de este; al tiempo que incorpora mecanismos de intervención e injerencia de la Administración autonómica en ámbitos propios de la gobernanza universitaria.

Ante esta realidad, el sindicato se ha dirigido al Defensor del Pueblo solicitando que promueva RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, única vía posible para su promoción desde una organización sindical. El plazo para la presentación de este recurso, si así se considera, finalizaría el próximo 8 de junio.

Tras la presentación de este escrito, y en línea con lo defendido por CCOO, hemos tenido conocimiento que el Ministerio de Política Territorial y Política Democrática ha emplazado a la Comunidad de Andalucía a la apertura del proceso contemplado en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Esto supone ampliar el plazo de 3 a 9 meses para la presentación de recursos de inconstitucionalidad por el Gobierno si en la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva comunidad autónoma creada al efecto, no se alcanza un acuerdo sobre las discrepancias existentes en relación con la constitucionalidad de la LUPA, acuerdo que de producirse podría suponer la modificación del texto legal. El Ministerio ha manifestado que la Ley 1/2026 presenta problemas de constitucionalidad desde tres perspectivas: de un lado, contradice en múltiples puntos la normativa básica estatal amparada en el art. 149.1.30.ª CE (es decir, la LOSU); de otro, incurre de forma frecuente en una injerencia sobre la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada por el art. 27.10 CE —configurada como derecho fundamental-, desnaturalizando así el espacio de libertad académica e institucional que la Constitución garantiza con independencia del legislador autonómico; y finalmente, invade la competencia exclusiva del Estado en materia laboral (art. 149.1.7.ª CE) al regular figuras contractuales al margen del catálogo especificado de la LOSU.

La LUPA representa un modelo de lo que no debe ser una ley autonómica universitaria ya que consagra el intervencionismo en la autonomía y la vida universitaria, cuestiona la viabilidad del modelo público universitario al tiempo que da rango de ley al modelo de la universidad como oportunidad de negocio. Estamos ante una norma que contiene elementos regresivos que pueden suponer un cambio de modelo que podría afectar gravemente al sistema público de educación superior en Andalucía, al tiempo que se vulnera el marco de derechos definidos constitucionalmente. No debe olvidarse que las leyes autonómicas son una manifestación legítima del autogobierno territorial, pero solo son válidas cuando respetan el marco constitucional y el reparto competencial establecido por la Constitución Española.

CCOO no solo denuncia: actúa

Esta iniciativa demuestra que CCOO no se limita a protestar: actúa en todos los frentes disponibles, también en el jurídico e institucional. La defensa de la universidad pública es un compromiso transversal de nuestra acción sindical. Solo con organización, presencia y presión colectiva podremos frenar un modelo que amenaza la autonomía universitaria, la estabilidad de la plantilla y el futuro de la universidad pública.