Federación de Enseñanza de CCOO | 7 noviembre 2026.

CCOO exige negociar el nuevo RD que endurece las exigencias de calidad de los estudios universitarios y refuerza la presencialidad de algunos grados y másteres online

  • El sindicato ya denunció la insuficiencia de los cambios introducidos por el RD 905/2025 por el que se modificó el RD 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, que ahora se pretende enmendar con esta propuesta.

24/09/2026.
Este enfoque colaborativo resulta imprescindible para transformar las normas de simples mandatos burocráticos en herramientas de cohesión y desarrollo

Este enfoque colaborativo resulta imprescindible para transformar las normas de simples mandatos burocráticos en herramientas de cohesión y desarrollo

El presidente del Gobierno ha anunciado la futura aprobación de un Real Decreto que vendría a limitar la oferta de titulaciones universitarias de grado y máster “online”, especialmente en el ámbito de las ciencias de la salud, con el objeto de reforzar la presencialidad y calidad de las mismas, aunque sin definir el horizonte temporal de la nueva norma ni el marco de concertación social para su elaboración.

Con esta propuesta, el Gobierno dice buscar incrementar las exigencias de calidad de los estudios universitarios que se imparten en universidades públicas y privadas y reforzar la presencialidad de determinados grados y másteres. Será de aplicación tanto para las universidades públicas como para las privadas. Y para ello se han anunciado dos medidas principales:

- En determinadas titulaciones (se han señalado especialmente las de las ciencias de la salud), la docencia tendrá que ser presencial. Esto puede suponer que algunas titulaciones impartidas actualmente en la modalidad a distancia, tengan que transformarse en presenciales.

- El 50% de los profesores de una titulación (presencial o virtual, pública o privada) tendrán que ser doctores, y un 40% deben tener contrato a tiempo completo. EL RDL 905/2025 de modificación del RDL 460/2021 de creación y reconocimiento de universidades y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios obliga a que la mitad del total del profesorado sea doctor. Con esta nueva propuesta se plantea exigir que este porcentaje sea de aplicación en cada titulación, para evitar que se cumpla el requisito general concentrando el profesorado doctor en determinadas titulaciones (ciencias sociales, fundamentalmente). Esta fue una de las deficiencias apuntadas porCCOO en su momento en el documento de propuesta al RDL 905/2025, en el que señalábamos que el 70% del profesorado de cada titulación tenía que ser doctor, con independencia de si la modalidad era presencial, semipresencial u online. No debíamos estar tan equivocados a pesar de que no se tuvo en cuenta nuestra aportación.

CCOO, aunque valora positivamente que el Gobierno reconozca la necesidad de profundizar en los requisitos para la creación y funcionamiento de las universidades privadas y de la impartición de titulaciones, quiere recordar que en su momento ya denunció la insuficiencia de los cambios introducidos por el Real Decreto 905/2025, que ahora se viene a corregir. Para evitar que esta situación vuelva a repetirse, CCOOreclama un proceso real de diálogo y trabajo compartido para lograr una regulación efectiva tanto de los criterios de oferta de las titulaciones “online” como de todas aquellas materias que no fueron suficientemente atendidas por la anterior normativa aprobada en 2025.

A falta de conocer un documento de referencia que aclare los ámbitos que se pretenden regular de manera específica y el desarrollo que se pretende dar a las supuestas deficiencias del sistema que se busca subsanar, CCOO recuerda que en su momento ya reclamó una mayor ambición al Gobierno en la reforma del RD 640/2021. La actual regulación resulta claramente insuficiente y está permitiendo a algunas universidades privadas aprovecharse de la creciente demanda de titulaciones en determinados ámbitos (especialmente el de ciencias de la salud) y de la falta de plazas suficientes en la universidad pública por falta de recursos (fruto de una infrafinanciación crónica que tiene su origen en decisiones políticas) para ampliar masivamente su oferta 'online' aprovechando la oportunidad de negocio, sin garantizar los estándares de calidad y presencialidad.

La realidad es que buena parte de las propuestas que ahora se apuntan con el nuevo RD ya fueron reclamadas por CCOO en el proceso de elaboración de la normativa en vigor, siendo ignoradas en su momento. No podemos perder de nuevo la oportunidad de establecer una regulación que garantice que cualquier universidad en funcionamiento o que se pueda crear en un futuro, especialmente en el caso de las universidades privadas, no se limite únicamente a expedir títulos, sino que sean realmente instituciones creadoras, preservadoras, transmisoras y difusoras del conocimiento y la cultura, como lo son las universidades públicas.

Resulta imprescindible que los criterios de necesidad, idoneidad y calidad tanto de las universidades como de sus plantillas deben primar en la decisión final de creación de la universidad o de autorización de una titulación sobre las consideraciones políticas, que dependen básicamente de las mayorías parlamentarias. Y en este sentido, CCOO considera que la calidad de las titulaciones universitarias es un elemento esencial para garantizar la calidad y viabilidad del sistema y no puede estar sometida a los intereses del “mercado universitario”.

Y para lograr este objetivo, se debe garantizar una participación real y efectiva de la comunidad universitaria y de los agentes sociales en el proceso de elaboración y diseño de la norma. Esta participación se presenta como un pilar fundamental para garantizar la legitimidad, la eficacia y la calidad de la gobernanza institucional. Este enfoque colaborativo resulta imprescindible para transformar las normas de simples mandatos burocráticos en herramientas de cohesión y desarrollo, asegurando que el sistema universitario responda tanto a sus necesidades como a las demandas sociales que tiene planteadas. En definitiva, reclamamos al gobierno negociación y diálogo, y no decisiones unilaterales. Para ello, un buen punto de partida podría ser la publicación del borrador de propuesta legislativa.