Federación de Enseñanza de CCOO | 7 noviembre 2026.

El Tribunal Supremo anula el Real Decreto 905/2025 de creación y reconocimiento de universidades

  • La universidad pública acorralada por la acción u omisión de las administraciones.

15/10/2026.
El Gobierno debe iniciar un nuevo procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, recorriendo de nuevo todas las fases reglamentarias

El Gobierno debe iniciar un nuevo procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, recorriendo de nuevo todas las fases reglamentarias

El jueves 8 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha anulado, por falta de justificación de su tramitación urgente, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades, al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. La causa de la anulación no ha sido el contenido del RD (el tribunal tan siquiera ha entrado a valorar los artículos recurridos), sino que anula la norma por un defecto formal al concluir que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado.

Se anula una norma que, aunque insuficiente, era imprescindible

El RD 905/2025, modificaba el RD 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, que era claramente insuficiente y que, de hecho, no evitó la creación, desde su aprobación, de 10 nuevas universidades privadas en tan solo 4 años. Con la aprobación del RD 905/2025 se buscaba endurecer los requisitos para la creación, reconocimiento y autorización de nuevas universidades públicas y privadas en España, con el objetivo principal de garantizar la calidad, equidad y sostenibilidad del sistema universitario. La norma respondía al crecimiento acelerado, incontrolado y sin rigor de las universidades privadas, fomentado por determinadas comunidades autónomas, y pretendía frenar la proliferación de centros de baja exigencia académica. AunqueCCOOha venido denunciando desde su aprobación la insuficiencia de los cambios introducidos y reclamaba una mayor ambición en los mismos, señalamos igualmente que la norma avanzaba en la dirección adecuada.

La resolución del TS pone a la vista la situación real de la universidad pública: entre la inacción del ministerio y el acoso y derribo de las comunidades autónomas del PP

El Supremo reconoce que la LOSU introdujo suficientes cambios que justifican el RD 905/2025, novedades que “incluso, podrían conllevar las razones de la declaración de urgencia y la omisión de trámite de consulta pública previa que se denuncia”. Pero el TS considera que el RD anulado no dice nada a este respecto y la única justificación que se aporta para la urgencia en su aprobación es más una voluntad política que una causa objetiva que acredite la urgencia.

CCOOno cuestiona la sentencia, aunque no la comparte ya que entiende que la supervivencia del sistema público universitario necesita de una normativa que avance y profundice en la senda marcada por el RD 905/2025 y la urgencia de esta normativa está más que justificada. Dicho esto, resulta necesario señalar que la responsabilidad de esta situación recae directamente:

1. En las comunidades autónomas del PP que han recurrido el RD 905/2025: Madrid, Islas Baleares, Aragón, La Rioja y Extremadura. También recurrieron el Grupo CEU, la Universidad Hespérides y cuatro universidades extranjeras con sede en España (CIS, Schiller, Saint Louis y Francisco Marroquín). Son las mismas comunidades que incumplen sistemáticamente su obligación de financiar de manera suficiente y adecuada a sus universidades públicas; que aprueban de manera indiscriminada nuevas universidades privadas que cuentan con informes negativos de las agencias de calidad y los órganos de supervisión; que aprueban cualquier nueva titulación a las universidades privadas mientras que impiden el crecimiento en titulaciones y alumnado de las públicas; que ceden suelo público y agilizan las licencias urbanísticas para las universidades privadas; etc.

2. Y en el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) que redactó y tramitó la norma. La anulación de un RD por defectos formales supone un impacto operativo, organizativo y de credibilidad muy grave. No es solo un problema legal; se traduce en la paralización de unas políticas públicas imprescindibles para asegurar la calidad y el compromiso social del sistema universitario público, unas políticas que pretendían beneficiar a los estudiantes, a las familias y al conjunto del sistema universitario.

Y ahora, ¿qué?

La resolución del TS implica que la aprobación del RD 905/2025 carece de “amparo” legal y el ejecutivo, en la práctica, debe repetir el proceso. La realidad es que con la normativa actual:

A. Hay comunidades autónomas que han aprobado universidades con informes desfavorables del MICIU, con instalaciones claramente insuficientes, sin profesorado suficiente o con 3.000 euros de capital.

B. España cuenta con 50 universidades públicas y 49 privadas ofertando plazas en el curso 2026/2027:

          - En 1998, año de creación de la última universidad pública, había 15 universidades privadas (3 con ánimo de lucro).

          - En 2021, año en que se aprueba el RD 460/2021, eran 40 las universidades privadas (15 con ánimo de lucro).

          - En 2025, año en que se aprueba el RD 905/2025, de las 48 las universidades privadas, 24 tenían ánimo de lucro.

          - En 2026 de las 49 las universidades privadas existentes 25 ánimo tienen ánimo de lucro.

          - De las 19 universidades privadas creadas desde 2015, 14 tienen ánimo de lucro. Todas las universidades privadas creadas desde 2022 tienen ánimo de lucro.

Con la caída del RD, las comunidades recuperan las competencias sobre las universidades online (que había pasado a la administración central); ya no hará falta un informe positivo por parte de ANECA o de la agencia autonómica de calidad; los centros privados no tendrán que dedicar un 5% de su presupuesto a investigar; no tendrán que tener al menos tres doctorados ni contar con un 50% de doctores en su profesorado; no deberán garantizar un umbral mínimo de 4.500 alumnos matriculados ni las obligaciones de alojamiento de estos, etc. Volveremos a ver como los gobiernos autonómicos aprueban la puesta en marcha de nuevas universidades o de centros asociados a otras ya existentes con informes desfavorables de las agencias de calidad y/o del MICIU.

Al anularse el texto, la normativa de referencia vuelve a ser el RD 640/2021, que cuenta con criterios sustancialmente más laxos: las comunidades autónomas que mantenían proyectos paralizados o sometidos a los requisitos del RD 905/2025 recuperan el marco normativo anterior. Esto afecta directamente a los, al menos, 14 proyectos de universidades privadas que se encuentran en diferentes fases de aprobación en los parlamentos autonómicos.

El primer ejemplo lo tenemos en Galicia, donde la comunidad, en el marco de la negociación del plan de financiación de las universidades públicas gallegas, plantea la supresión del artículo 16 de la Ley 6/2013 del Sistema Universitario de Galicia (SUG), que regula la autorización de impartición de enseñanzas por universidades no pertenecientes al SUG. Esto supone que ya no se requerirá que las universidades y centros que no pertenezcan al SUG tengan la autorización de la consejería competente.

Ante esta situación, hay una única vía de subsanación: el Gobierno debe iniciar un nuevo procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, recorriendo de nuevo todas las fases reglamentarias, pero esta vez incluyendo correctamente el trámite omitido. Para evitar que los tribunales vuelvan a anular la norma, el MICIU debe respetar obligatoriamente los plazos ordinarios de participación ciudadana, informes técnicos y consulta pública previa que omitió la primera vez. A pesar de lo reducido de los plazos, el gobierno ha anunciado que esta es su intención y desde CCOO reclamamos que la nueva norma incorpore las cuestiones planteadas por el sindicato para impedir realmente la proliferación descontrolada de universidades privadas que daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La nueva norma debe contar con herramientas reales y eficaces que impidan que la universidad sea un bien de mercado más. Es el momento de tomar decisiones coherentes con los discursos que se divulgan y adoptar medidas que defiendan de verdad y a futuro el modelo público de universidad.