CCOO exige a Isabel Celaá convocar la Mesa Sectorial para debatir con los representantes del profesorado las medidas para el fin de curso y el inicio del siguiente

    Necesitamos una agenda compartida, clara y contundente con las comunidades autónomas y los agentes sociales, con decisiones, medidas, acciones y recursos que garanticen la equidad, la calidad y el empleo: que nadie se quede atrás.

    15/04/2020.
    Conferencia Sectorial de Educación (Foto: Ministerio de Educación y FP)

    Conferencia Sectorial de Educación (Foto: Ministerio de Educación y FP)

    CCOO saluda que la Conferencia Sectorial haya adoptado algunas de las propuestas que en su día este sindicato trasladó al Consejo Escolar del Estado, y fueron asumidas por el resto de las organizaciones, como la de no prolongar el curso más allá del calendario previsto (junio), y que la repetición de curso sea contemplada como una medida extraordinaria, en una situación excepcional, respetándose en cualquier caso la autonomía y la libertad en el ejercicio de la profesión docente, tal y como venimos exigiendo desde este sindicato.

    En cuanto a la reanudación o no de las clases presenciales, entendemos que no es una prioridad y que la decisión final debe quedar en manos de las autoridades sanitarias nacionales –el ministerio correspondiente–, e internacionales, la OMS, en la perspectiva de preservar el derecho a la salud de la comunidad educativa.

    En relación con la hipotética apertura de los centros educativos en julio, para CCOO debe quedar claro que ha de ser una medida pensada para el encuentro social y afectivo del alumnado, y debe tener como objetivo las actividades culturales, de ocio y de tiempo libre, complementarias de las educativas, sin carácter lectivo y desarrolladas por el personal adecuado, ajeno al centro.

    Desde CCOO recordamos que ya hemos manifestado públicamente la necesidad y urgencia de que todo el profesorado pueda recibir los medios tecnológicos y materiales, así como la formación necesaria para poder desarrollar su labor en las condiciones que un sistema educativo basado en los principios de calidad, equidad e inclusividad requiere, en el contexto de excepcionalidad, de no retorno en educación digital, manteniendo sus condiciones laborales y retributivas. De igual manera, para poder realizar su trabajo es necesario que el profesorado cuente con el apoyo y la confianza de la sociedad, así como con un alto grado de autonomía y libertad en el ejercicio de la profesión.

    No menos importante es recordar la urgencia de mantener el empleo, reforzar las plantillas para atender a las nuevas demandas del sistema educativo y evitar el bloqueo en la contratación de profesorado interino, garantizando la cobertura de todas las sustituciones. Es imprescindible que la salida de esta crisis sea con el refuerzo de los servicios públicos que son los que garantizan los derechos y la atención equitativa para toda la ciudadanía.

    Por otra parte, criticamos que la Conferencia Sectorial no haya avanzado en mayores concreciones sobre la EBAU y la Formación en Centros de Trabajo (FCT).

    Según CCOO, la Conferencia Sectorial debe tomar de forma conjunta las medidas necesarias y urgentes para garantizar la continuidad educativa de todo el alumnado que vive en una situación de riesgo de pobreza y vulnerabilidad. Que ni la brecha digital ni la falta de recursos se conviertan en nuevos actores de exclusión y desigualdad: que nadie se quede atrás.

    Así mismo, reclamamos al conjunto de los gobiernos autonómicos un mínimo de lealtad y unidad para compartir unos criterios que, sin duda, revertirán de forma positiva en la equidad, la calidad, el empleo y la eficiencia de los recursos materiales y humanos necesarios; y coordinación y unidad para poner en marcha las medidas que en este momento necesita el conjunto del sistema educativo. Porque solidaridad y cooperación como los ejes que han de vertebrar un plan de acción único, también con la comunidad educativa.

    Necesitamos una agenda compartida, clara y contundente, con las comunidades autónomas y los agentes sociales, con decisiones, medidas, acciones y recursos que garanticen la equidad, la calidad, el empleo y los recursos.

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