Federación de Enseñanza de CCOO | 14 junio 2025.

CCOO rechaza un borrador de ley que blinda la infrafinanciación, fomenta la privatización y define un modelo de represión en los campus universitarios

    El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid cuestiona el ejercicio de derechos constitucionales en el marco de su régimen sancionador, invade competencias del Estado y vulnera la autonomía universitaria.

    12/06/2025.
    Reclamamos la retirada de la norma y la apertura de un proceso de negociación y diálogo real

    Reclamamos la retirada de la norma y la apertura de un proceso de negociación y diálogo real

    A pesar de no tener conocimiento oficial del borrador, desde hace unos días se ha difundido un borrador completo de la futura ley de universidades madrileña, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC). Dentro de su articulado se ha incluido un capítulo específico que entiende sobre el “régimen sancionador” en unos términos que sobrepasan lo regulado en la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, la Ley 3/2022 de convivencia universitaria o en las leyes autonómicas de universidades en vigor que regulan un régimen sancionador (Galicia, Aragón y Castilla y León).

    Esta normativa estatal y autonómica mandata a las universidades a desarrollar su propia normativa de convivencia y referencia dicho régimen sancionador al respeto de los principios constitucionales de no discriminación, respeto a la diversidad, libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de cátedra y a los criterios vinculados a la implantación y desarrollo de las enseñanzas universitarias. La legislación estatal en vigor autoriza a su desarrollo autonómico, pero no a reinterpretarla e incluso a entrar en contradicción con esta.

    Frente a esta realidad, desde CCOO consideramos que el proyecto de ley de la Comunidad de Madrid invade competencias ya reguladas que la normativa estatal reserva al Estado o a las propias universidades, y viene a considerar como infracciones cuestiones directamente relacionadas con el ejercicio de derechos constitucionalmente reconocidos como serían, entre otros, los de libertad de expresión y de crítica, de reunión y de cátedra, así como a participar en los asuntos públicos. Y todo ello con un grado tal de indefinición en la redacción que su interpretación queda en manos de aquel que dicta la norma y se reserva la capacidad sancionadora: la propia Comunidad de Madrid.

    De esta forma, la Comunidad de Madrid se coloca fuera del marco definido por la normativa estatal universitaria (la LOSU y la Ley de Convivencia Universitaria) y viene a cuestionar el ejercicio de derecho de libre expresión, reunión y manifestación mediante un sistema punitivo injustificado y desproporcionado: se contemplan sanciones de hasta 15.000 euros por poner una pancarta, 100.000 euros por un escrache o “una manifestación no autorizada que impida la actividad”, o hasta un millón de euros por “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”.

    La Ley recoge sanciones de apercibimiento a 15.000 € de multa para las infracciones leves, de 15.000 a 100.000 euros para las graves y de 100.000 a 1.000.000 de euros para las tipificadas como muy graves. Y estas sanciones se pueden aplicar tanto a la persona que infrinja la norma como a la universidad en la que se produce el supuesto hecho. Con este planteamiento, CCOO considera que se pretende frenar el libre ejercicio de los derechos constitucionales, y el derecho a disentir y pensar de manera diferente a la del legislador de turno mediante un régimen sancionador de etapas que creíamos superadas.

    La realidad es que el Gobierno autonómico pretende, a través de esta ley, consagrar un modelo de infrafinanciación permanente de las universidades públicas, reforzar la privatización del sistema universitario madrileño, fomentando la iniciativa privada, y también instaurar un claro modelo represivo de los campus universitarios, de forma que cualquier tipo de protesta se puede ver sancionada.

    Desde CCOO instamos a la comunidad universitaria, a las organizaciones políticas y sociales progresistas y al conjunto de la sociedad a rechazar una legislación regresiva que afecta a las libertades individuales y colectivas. Reclamamos la retirada de la norma y la apertura de un proceso de negociación y diálogo real, con la comunidad universitaria y con el conjunto de la sociedad organizada, que garantice el funcionamiento autónomo y con recursos suficientes de las universidades públicas madrileñas.

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