Federación de Enseñanza de CCOO | 17 julio 2025.

Las comunidades autónomas avanzan en el fomento de las universidades privadas a expensas de la universidad pública

    La universidad pública de calidad es un bien de toda la sociedad y constituye una de las principales formas de contribución al progreso social. No podemos dejar que la destruyan quienes quieren convertir el derecho de todas y todos en el negocio de una minoría.

    16/07/2025.
    #MatricúlateEnLaPública

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    Aunque es una responsabilidad pública, especialmente de las comunidades autónomas (CC. AA.), asegurar las condiciones necesarias para que las universidades públicas puedan cumplir con su mandato de servicio público y garantizar un sistema universitario en el cual el éxito no esté determinado por nuestro entorno social, la realidad evidencia lo contrario. Así, desde buena parte de las CC. AA. se potencia un modelo universitario en el que prima, en muchos casos, la universidad como oportunidad de negocio, favoreciendo el crecimiento incontrolado e injustificado de universidades privadas. Se apuesta por un modelo universitario que no solo no garantiza la igualdad efectiva de oportunidades, sino que acrecienta las desigualdades sociales.

    Y esta estrategia pasa, necesariamente, por el cuestionamiento de la universidad pública por diversas vías. Aunque la herramienta principal es la infrafinanciación, estamos asistiendo a la puesta en marcha de nuevas medidas de fomento de la universidad privada sin importar las consecuencias.

    Más allá de la entrada en funcionamiento de cinco nuevas universidades privadas en el curso 2025-2026 y del incremento constante de nuevas solicitudes de autorización y funcionamiento de universidades privadas (en Andalucía, Madrid, Extremadura, Galicia, Aragón, Baleares, Asturias, etc.), en estos días entramos en una nueva fase en la que directamente se favorece de manera expresa y tangible a las universidades privadas en detrimento de la públicas.

    Ejemplo de esta política es la intención del Parlamento de La Riojade permitir a la UNIR, universidad privada a distancia, impartir clases presenciales y semipresenciales. Es muy probable que termine impartiendo docencia presencial en Medicina, Enfermería, los grados en Educación Infantil y Educación Primaria o el máster de profesorado, titulaciones que, excepto Medicina, ya se están ofertando en la Universidad pública de la Rioja. Es decir, se autoriza a una universidad a distancia a impartir docencia presencial en las titulaciones con un mayor impacto de negocio en detrimento de la universidad pública.

    Pero el ejemplo más claro del desmantelamiento de la universidad pública en favor de la privada lo vivimos estos días en Andalucía, donde:

    • En la elaboración del mapa de titulaciones 2025-2029 se inadmitieron títulos como el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte propuesto por la Universidad de Córdoba, alegando “baja empleabilidad específica”. Sin embargo, este grado sí se incluyó en el nuevo mapa para su impartición por la Universidad CEU Fernando III. Es decir, el criterio de una mayor o menor empleabilidad solo se considera si la solicitante es una universidad pública.
    • Se propone la autorización de hasta 34 nuevos títulos a las universidades privadas (Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía),cuando la mayoría ya se imparten en universidades públicas con un número más que suficiente de plazas. Al mismo tiempo, se rechazan propuestas de las universidades públicas:
    1. La Universidad de Granada no ve autorizados los títulos del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, el Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias de la Salud (conjunto con la Universidad de Almería).
    2. Se rechaza un programa de doctorado en Arquitectura que implica a tres universidades públicas (Sevilla, Granada y Málaga).
    3. Se niega la puesta en marcha de grados universitarios en universidades públicas (Jaén y Granada), como es el Grado en Ingeniería Biomédica, al tiempo que se autoriza esa misma titulación a universidades privadas (Loyola de Andalucía) sin recorrido en el ámbito de las ciencias de la salud y con informes que evidencian claras deficiencias en la propuesta presentada.

    Esto se une a lo que ya está pasando desde hace tiempo en otros territorios, como Madrid, donde cualquier propuesta de universidad privada es aceptada, mientras las universidades públicas padecen una situación de inestabilidad debido a unos presupuestos insuficientes.

    Frente a esta realidad, desde CCOO reiteramos nuestros principios:

    • La educación superior universitaria es un derecho de ciudadanía, no pudiéndose condicionar el acceso a la capacidad económica del alumnado y sus familias.
    • Implementar de manera inmediata la obligación legal de destinar, al menos, el 1% del PIB autonómico a las universidades públicas.
    • La financiación pública, en todas sus modalidades, se debe destinar a la universidad pública, que debe contar con los recursos y medios necesarios, entre los que destaca una financiación adecuada, suficiente y previsible en el tiempo.
    • Garantizar una oferta de plazas en todos los niveles (grado, máster y doctorado) que permita que toda aquella persona que solicite plaza en una universidad pública tenga acceso a ella. Esto es especialmente necesario en el caso de los másteres habilitantes, que se han convertido en la gran oportunidad de negocio para las universidades privadas. Con carácter de mínimos, se debe garantizar la plaza a todo el alumnado procedente de la universidad pública.
    • Hasta que se alcance la gratuidad de los estudios universitarios, los precios del máster deben ser iguales que los de grado y debe ampliarse, en relación con las becas y ayudas al estudio, la dotación económica (especialmente en el caso de la ayuda a la residencia) y los supuestos contemplados, que permitan afrontar las nuevas realidades sociales y económicas.
    • Exigir a los centros privados universitarios las normas de calidad que debe cumplir una institución universitaria, revisar su necesidad en base a un mapa de titulaciones y establecer una moratoria de 10 años para la creación, autorización y reconocimiento de nuevas universidades y centros universitarios.

     

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