Federación de Enseñanza de CCOO | 2 agosto 2025.

Nuevo escándalo en el sistema de protección de menores que evidencia el fracaso del modelo privatizado

    Desde Comisiones Obreras (CCOO) denunciamos una vez más el modelo degestión del sistema de protección de menores, profundamente deteriorado porla privatización, la falta de control por parte de las administraciones públicas yel abandono sistemático de los derechos tanto de los menores como de laspersonas trabajadoras.

    28/07/2025.
    escándalo en el sistema de protección de menores

    escándalo en el sistema de protección de menores

    La reciente información publicada en El PAÍS, que revela la investigación judicial contra una ONG encargada de acoger a unos 2.000 menores migrantes en Canarias, pone de manifiesto el descontrol y la opacidad en la gestión de estos recursos. Esta situación no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo externalizado que prioriza la rentabilidad económica sobre la calidad de la atención.

    La progresiva privatización de los servicios de protección ha convertido a muchos centros en espacios donde prima la lógica empresarial por encima del interés superior del menor. Las administraciones públicas, responsables últimas del bienestar de estos niños, niñas y adolescentes, han delegado funciones esenciales sin establecer mecanismos de control efectivos ni garantizar el cumplimiento de estándares mínimos de calidad.

    A esto se suma la precariedad laboral que sufren las plantillas que atienden a estos menores. Desprotección de las personas trabajadoras (agresiones, riesgos psicosociales, etc.), contratos temporales, bajos salarios, alta rotación y falta de apoyo institucional dificultan gravemente el desarrollo de un trabajo de calidad, con consecuencias directas en la atención a los menores. Esta precarización también alimenta la inseguridad, la sobrecarga emocional y el desgaste profesional de quienes se dedican a una labor tan sensible como imprescindible.

    Desde CCOO exigimos:

    • Una auditoría pública e independiente del sistema de protección de menores, especialmente de los recursos gestionados por entidades privadas.
    • La reversión progresiva del modelo de externalización, recuperando la gestión directa por parte de las administraciones públicas.
    • La mejora de las condiciones laborales y formativas de los profesionales del sector, garantizando equipos estables, cualificados y con ratios adecuadas.
    • La aplicación efectiva del interés superior del menor, asegurando entornos seguros, educativos y afectivos para su desarrollo integral.

    Este nuevo caso no debe quedar en una simple anécdota mediática. Es el momento de afrontar con valentía una reforma estructural del sistema, poniendo en el centro a los menores, a los profesionales y a los principios de justicia social.

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