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Federación de Enseñanza de CCOO | 5 octubre 2025.

CCOO pide adoptar medidas urgentes para garantizar el modelo público de universidad en el inicio del curso

    El sindicato considera que la universidad pública afronta un momento clave en el que se debe garantizar una financiación suficiente para el sistema público, mantener su papel de ascensor social y establecer un marco regulador que ponga coto al crecimiento injustificado de las universidades privadas.

    22/09/2025.
    Comisiones Obreras exige la adopción de medidas urgentes para garantizar el modelo público de universidad

    Comisiones Obreras exige la adopción de medidas urgentes para garantizar el modelo público de universidad

    Comisiones Obreras ha exigido la adopción de medidas urgentes que considera «imprescindibles»en este inicio de curso para garantizar que el modelo público de universidad sea el referente, y que asegure una financiación pública basal de las universidades públicas que permita el cumplimiento de sus objetivos y su desarrollo futuro. Para el sindicato, es indispensable un modelo que, dentro del respeto a las competencias autonómicas, garantice una financiación finalista que consolide la estabilidad presente y futura de las universidades públicas españolas porque, a su juicio, «el blindaje de la financiación de la universidad pública es esencial».

    El sindicato considera que avanzar del actual 0,77% al menos hasta, al menos, el 1% del PIB de financiación pública establecido en la Ley Orgánica 2/2023 el Sistema Universitario, debe ser elpaso inicial y necesario para que la financiación se sitúe en la media de los países de la UE y de la OCDE, lo que supondría un incremento adicional de, al menos, otro 0,5%. En paralelo, se debe garantizar que la financiación por alumno/a se homologue en estos mismos términos, lo que debe suponer un incremento medio no inferior al 26%. Estas, entre otras cuestiones, son las que deberán abordarse en la próxima reunión de la comisión de trabajo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades prevista para el próximo 29 de septiembre.

    Para CCOO es igualmente prioritario garantizar el acceso y permanencia en la universidad con independencia de la situación socioeconómica del alumnado y sus familias en una doble dimensión:en primer lugar, la de los precios públicos, con el cumplimiento del compromiso del Gobierno de reducción de los precios públicos universitarios hasta que sean gratuitos para estudios oficiales, y la equiparación del coste de los estudios de grado y posgrado. Y, en segundo lugar, la política de becas, que debe ser reformada en sus criterios y ampliada en su dotación económica.

    Además, en la actual coyuntura de incremento de los precios del alquiler de vivienda —apuntandesde CCOO—, debe prestarse una atención especial a la cuantía fija ligada a la residencia de la persona solicitante durante el curso. El actual importe de 2.700 euros anuales, dependiendo del lugar donde se cursen los estudios, resulta claramente insuficiente. Y añaden que «si se quiere garantizar el papel de la universidad como ascensor social, deben adoptarse medidas contundentes que impidan acceder a la universidad o, en caso de hacerlo, eviten que el alumnado tenga que optar por una u otra titulación o universidad no en función de su interés, sino considerando si puede o no asumir el coste».

    Asimismo, desde CCOO suman a estas circunstancias el crecimiento injustificado de las universidades privadas de los últimos años frente a la paralización de nuevas universidades públicas y la ausencia, en muchos casos, de unos criterios básicos de necesidad, justificación y calidad. En el curso 2025/2026 serán ya 46 las universidades privadas en funcionamiento frente a las 50 públicas, pero con otras cuatro privadas pendientes de autorización, lo que supondría por primera vez habría más universidades privadas que públicas en España. En este contexto, CCOO viene reclamando un mayor nivel de exigencia de los criterios de creación, reconocimiento y autorización de las universidades.

    Según CCOO, aunque es responsabilidad especialmente de las comunidades autónomas (CC.AA) asegurar las condiciones necesarias para que las universidades públicas puedan cumplir con su mandato de servicio público y garantizar un sistema universitario en el cual el éxito no esté determinado por el entorno social, la realidad evidencia lo contrario. A su juicio, desde buena partede las CC.AA. se potencia un modelo universitario en el que prima, en muchos casos, la universidad como oportunidad de negocio y se favorece el crecimiento incontrolado e injustificado de universidades privadas. Y advierten de que «se está apostando por un modelo universitario que, no sólo no garantiza la igualdad efectiva de oportunidades, sino que acrecienta las desigualdades sociales».

    Ante esta situación, el sindicato ha insistido en la necesidad de defender y apostar claramente por elmodelo de universidad pública frente a modelos políticos que fomentan la proliferación de universidades privadas y la necesidad de superar la infrafinanciación del modelo público como requisito necesario para lograr que las universidades públicas mantengan su papel generador de conocimiento y riqueza, y garanticen el derecho de ciudadanía para acceder a la educación superior universitaria con independencia del origen y la condición socioeconómica del alumnado y susfamilias.

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