Federación de Enseñanza de CCOO | 26 abril 2024.

CCOO denuncia que el Gobierno incumple las recomendaciones europeas en materia educativa

  • Pide a la Comisión Europea que inste al Ejecutivo a asegurar la equidad

El sindicato exige recuperar en una legislatura el 5% de la inversión perdida y el desarrollo de políticas educativas que contemplen la atención a la población más desfavorecida, entre otras.

19/07/2017.
Bandera de la UE.

Bandera de la UE.

El Gobierno del PP no solo legisla contra el acervo comunitario, sino que también lo hace contraviniendo la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En una reunión mantenida ayer entre sindicatos del sector público y representantes de la Comisión Europea en España, la Federación de Enseñanza de CCOO denunció este y otros aspectos, como el incumplimiento de las recomendaciones europeas en materia de educación y otras políticas sociales de acompañamiento; el deterioro de la equidad; la pérdida de más de 9.000 millones de euros de inversión; los recortes de plantilla que han destruido decenas de miles de puestos de trabajo; la merma salarial que ha reducido el poder adquisitivo de los y las profesionales de la enseñanza; o el esfuerzo acometido por las familias, a quienes los recortes les ha costado casi 3.000 millones de euros.

Además, recordó que el Ejecutivo ya ha comprometido en su plan de estabilidad presupuestaria reducir la inversión en educación hasta un 3,7% del PIB para el año 2019, ante la pasividad de las instituciones europeas.

Con vistas a la elaboración del próximo informe “Análisis País” (“Country Report”) que fundamenta las recomendaciones específicas dentro del Semestre Europeo, CCOO ha pedido a la Comisión Europea que inste al Gobierno a asegurar el derecho a la educación de calidad y a la equidad como principios rectores de nuestro sistema educativo, y a desarrollar políticas que contemplen la atención al alumnado más desfavorecido. Asimismo, exige recuperar en una legislatura el 5% de la inversión perdida y a medio plazo alcanzar el 7%; los derechos sociales y laborales hurtados; y el empleo destruido, así como la actualización de las plantillas.