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Federación de Enseñanza de CCOO | 8 junio 2023.
Contratos para la formación y el aprendizaje de jóvenes, una herramienta de precarización
CCOO reclama al Gobierno una reforma acordada con las organizaciones sindicales y empresariales del contrato para la formación y el aprendizaje juvenil, cuya utilización inadecuada ha desvirtuado su objeto inicial, de manera que ni ha ocupado a los más jóvenes, como era su finalidad, ni han mejorado su cualificación e inserción en el mercado laboral.
COO reclama al Gobierno una reforma acordada con las organizaciones sindicales y empresariales del contrato para la formación y el aprendizaje juvenil
El contrato para la formación y el aprendizaje nació para facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas más jóvenes y con menores niveles de cualificación. Sin embargo, su utilización se aleja de los buenos propósitos iniciales y sus resultados difieren mucho de los logros esperados, lo que sumado a que consumen muchos recursos públicos, les hace merecedores de un rotundo suspenso. Así se desprende del estudio de CCOO “Contratos para la formación y contratos en prácticas. Febrero 2019” que analiza la información de contratos formativos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El número de contratos para la formación y el aprendizaje ha crecido de forma sostenida. En el año 2018 se celebraron 52.803, un 0,2% del total y un 9% más que en 2017. Este crecimiento ha sido mayor que el 3% registrado para el conjunto de las contrataciones.
En su diseño original, este tipo de contratos se dirigía a jóvenes menores de 25 años. Pese a ello, el 54 % de las personas contratadas en 2018 tenían 25 años o más, y solo 1 de cada 10 personas eran jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 19 años.
Según el informe de CCOO, la participación de las personas más jóvenes incorporadas al mundo laboral con menores niveles educativos ha descendido del 71 % en 2007 a tan solo el 13 % en 2018, desvirtuando así una de las finalidades de este tipo de contratación. Intentando paliar los efectos de la crisis, el Gobierno desvió y desvirtuó el propósito de esta iniciativa de fomento de la contratación juvenil, ampliando el límite de edad e incluso eliminándolo para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, en lugar de buscar fórmulas específicas para su integración en el mercado laboral. “Vemos cómo en la práctica estos contratos, en contra de su objeto, no se dirigen mayoritariamente a los más jóvenes. Podemos decir, entonces, que su uso está precarizando las condiciones de trabajo de la población adulta, sin explicación ni justificación laboral alguna”, remarca Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación de CCOO.
Si hablamos de mejora de la cualificación por este tipo de contratos, comprobamos que se ha duplicado el número de personas contratadas con formación profesional superior o estudios universitarios. El Estatuto de los Trabajadores prevé este tipo de contrataciones para quienes “carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas”. Por derecho, solo las personas con título universitario o formación profesional de grado medio o superior o equivalente, pueden formalizar un contrato en prácticas. Por tanto, este colectivo está excluido del contrato para la formación. Sin embargo, no ha sido así.
Para CCOO, se ha producido una utilización perversa del objeto legal de este tipo de contratos que permite la contratación de quienes no tienen cualificación asociada a dicha ocupación, tal y como se recoge en su informe. Así, en el 2018, el 11% de estos contratos se realizaron a personas con formación profesional o estudios de grado, supuestamente por carecer de cualificación relacionada con dicha ocupación - “Esto posibilita que una mujer con la carrera de Medicina pueda ser contratada como camarera”, explica Lola Santillana -, mientras que solo el 36% se formalizaron con personas sin estudios o con estudios primarios. Algo que resulta inadmisible para el sindicato.
Por otro lado, es imposible conocer la formación asociada a este tipo de contrataciones. Resulta sorprendente que siendo la cualificación uno de los objetivos de este contrato, la Administración no ofrezca datos ni tan siquiera realice una valoración de los contenidos formativos.
Tampoco estos contratos parecen haber mejorado las oportunidades de los y las jóvenes para encontrar un empleo de calidad. Sabemos que es el sector Servicios el que acapara este tipo de contratos, el 92% de ellos se celebran en este sector y lo hace para ocupaciones relacionadas con la restauración. Son dependientes de tiendas, trabajadores y trabajadoras de los servicios de restauración (camareros, camareras, “Kellys”, etc.), personal de limpieza y peones, quienes concentran tradicionalmente la mayor parte de los contratos.
Desde la reforma laboral de 2012, el Gobierno del Partido Popular introdujo medidas que flexibilizaron los requisitos de edad, relajaron los de formación, a la vez que se introdujeron incentivos económicos para impulsar estos contratos. “Una y otra vez se han ensayado medidas que han alejado cada vez más este contrato de ser un verdadero estímulo para el empleo de las y los más jóvenes sin cualificación, convirtiéndolo en herramienta de precarización e inestabilidad laboral”, afirma Lola Santillana.
Para CCOO, es evidente que los incentivos económicos a esta contratación han consumido una parte muy importante de recursos públicos. Ha sido así porque el anterior Gobierno del PP no escatimó en bonificaciones y liberalización de requisitos a las empresas, sin que un balance de los efectos en el empleo y en la empleabilidad de las personas lo justificara. Según estimaciones realizadas por CCOO, el dispendio de dinero público supera los dos mil millones de euros entre los años 2013 y 2018.
Dado que los contratos de formación y aprendizaje juvenil paradójicamente no han ocupado a los más jóvenes, como era su finalidad, ni han mejorado su cualificación e inserción en el mercado laboral, CCOO reclama al Gobierno una reforma del contrato para la formación que responda a los fines de la formación profesional dual, que sea acordada con las organizaciones sindicales y las empresariales.
